Greenpeace cuestiona mega proyecto turístico en el Golfo de California
El grupo ecologista acusó a la Secretaría de Medio Ambiente de México de incumplir su cometido de “proteger el medio ambiente", y de permitir a Hansa Urbana "destruir Cabo Pulmo"
Por Lilia Santana Moreno - La Gran Época
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT), autorizó a la empresa española Hansa Urbana a construir un mega desarrollo turístico en costas del Golfo de California. La decisión fue muy criticada en diversos comunicados de Greenpeace de México y España, puntualizando que no se puede derribar los ecosistemas del país para promover el turismo.
La organización ecologista argumentó que el Parque Nacional Marino de Cabo Pulmo, ha sido catalogado desde el año 2005 como Patrimonio Natural de la Humanidad, por lo que envió un comunicado a la Secretaría de Medio Ambiente de México diciendo que éste organismo "incumple su cometido de proteger el medio ambiente" al otorgar a Hansa Urbana "una resolución que le permite destruir Cabo Pulmo".
Según Greenpeace, las restricciones que cita Semarnat son "leves", y asegura que "con esta decisión el mega desarrollo en Cabo Cortés podría seguir adelante aún cuando, tal y como se ha aprobado, seguiría teniendo un impacto destructivo sobre el medio”.
El mega proyecto en Cabo Cortés se ubicará en el municipio que colinda con el Parque Nacional Cabo Pulmo. El plan de desarrollo cuenta con 27.111 cuartos, 17 kilómetros de acueductos y una marina para 490 embarcaciones, 2 campos de golf de 18 hoyos, conjunto de vialidades (131 has.) y una zona comercial. Esto indica que, en su actividad más productiva, Cabo Cortes generará 39 mil toneladas de residuos sólidos, equivalentes a 1,97 kilogramos por persona al día, aseguró Greenpeace de México en un comunicado público.
El pasado martes, la Secretaría de Medio Ambiente informó la autorización de la construcción del desarrollo, expresando que es un monumental destino turístico integralmente planeado sobre una superficie de 4 mil hectáreas, y que la ejecución del proyecto conlleva restricciones y una coordinación de obras con estudios adicionales, según informó CNN México.
Por su parte Semarnat, en un comunicado difundido el pasado jueves, ha dado respuesta a las críticas emitidas por Greenpeace, expresando que tiene la "capacidad para dar seguimiento a las condiciones", y que “como ente público que somos, sólo podemos hacer aquello que nos está explícitamente permitido en nuestro amplio marco normativo, pero se vigilará en todo momento, minuciosamente, para que se cumpla la ley y se cuide el medio ambiente", según reportaron CNN y el diario La Jornada de México.
“El gobierno debe replantear su política de Estado en materia de turismo, ya que no se puede promover el año del turismo y al mismo tiempo autorizar proyectos que depredan los ecosistemas”, señaló Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México, según refiere La Jornada.
Rebeca Kobelkovsky, ex directora de la Bioesfera del Vizcaíno, señaló en un comunicado publicado en el portal Guerrero Negro, que uno de los graves problemas de la construcción es que se duplicaría la población actual de la región, y esto incrementaría exponencialmente el requerimiento de recursos naturales como el agua.
El acuífero es el único recurso no sobreexplotado en esta región, por su baja densidad de población, señala Kobelkovsky, y está concesionado para 4,5 millones de metros cúbicos, lo que equivale a 4.500 millones de litros al año, volumen que corresponde a la disponibilidad actual del acuífero. Con la extracción programada, el acuífero estaría al límite de su recarga.
Por otro lado, agregó que "lo que no se entiende es la autorización emitida por la SEMARNAT a pesar de la opinión negativa vertida por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, debido principalmente a los efectos de contaminación que tendría la operación de la planta desaladora y los efectos nocivos de la densidad humana sobre la flora y la fauna de la región; mientras que la Dirección General de Política Ambiental y Ordenamiento Territorial también recomendó que no se autorizara pues se contraponía a los ordenamientos territoriales del Municipio de Los Cabos y al Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California".
